Un grupo de accionistas del Real Betis ha pedido al juez que declare culpable el concurso de acreedores del club, que el ex máximo accionista Manuel Ruiz de Lopera pague 19,9 millones de euros y sea inhabilitado junto a los exresponsables Luis Oliver y Jaime Rodríguez Sacristán o el abogado Manuel Castaño.

En su escrito, los accionistas dicen que el Betis y sus acreedores "han tenido que sufrir los efectos del procedimiento concursal por una maliciosa gestión de los administradores que rigieron su actividad en los dos años anteriores a la declaración del concurso".

Lopera, Luis Oliver como comprador de sus acciones y las personas que "con incomprensible lealtad les acompañaron en su gestión" actuaron de manera "dolosa y gravemente culpable" y "maltrataron al Betis sin importarles sus accionistas minoritarios, su masa social o sus cien años de historia", sostienen los accionistas, entre los que se encuentran varios miembros de plataformas opositoras a Lopera.

El pasado 5 de diciembre, el juzgado de lo Mercantil 1 de Sevilla publicó el convenio de acreedores del Betis, tras lo cual se abrió la fase para calificar la suspensión de pagos como fortuita o culpable, en este último caso si se demuestra que el estado de insolvencia se debió a "dolor o culpa grave de los administradores".

Así lo cree el grupo de accionistas, que enumeran entre las irregularidades "la desproporción entre los ingresos y los gastos", pues al finalizar el ejercicio 2008-2009 se habían acumulado unas pérdidas de 20,2 millones de euros y además el equipo descendió a Segunda División, con la consiguiente "minoración significativa de su capacidad de generación de recursos".

En el ejercicio siguiente, los ingresos se redujeron en un 45 por ciento pero los gastos aumentaron en un 33 por ciento y "la situación de crisis económica en que ya se encontraba el Betis se agravó por su consejo de administración, generando pérdidas durante 2009-2010 por 44, 2 millones de euros".

Según los demandantes, el Betis debió desprenderse entonces de aquellos jugadores de la primera plantilla cuyo salario no se adecuaba a la capacidad de generación de recursos en Segunda División, como Sergio García, Mehmet Aurelio, Emaná, Pavone, Odonkor, Arzu, Capi, Ricardo o Nelson.

Los accionistas consideran que la gestión del Betis tiene un paralelismo con la del Alavés, cuyo concurso fue calificado de culpable en una sentencia confirmada recientemente por la Audiencia de Álava.

Entre otras presuntas irregularidades, citan los pagos injustificados a empresas del entorno de Oliver, los "bochornosos gastos de alojamiento, desplazamientos y manutención" de los dirigentes del club entre julio y diciembre de 2010, cuando "ni siquiera los empleados del Betis percibían sus salarios"

Sostienen que Lopera "marcaba los designios del Betis, de ahí que le sea imputable esa calamitosa política de gastos y los daños producidos", por lo que piden que sea condenado a resarcir al club en 19.973.447,67 euros, y Luis Oliver, como consejero entre julio y diciembre de 2010, en 4.622.377,22 euros.

Fuentes del caso han informado que ahora los administradores concursales del Betis deben calificar el concurso, de lo que se dará traslado al ministerio fiscal para que también haga su propuesta de calificación, tras lo cual el juez dictará una sentencia que puede ser apelada ante la Audiencia provincial.

En caso de que el concurso sea declarado culpable, el juez puede condenar a Lopera, Oliver o el expresidente Rodríguez Sacristán a indemnizar al club en distintas cantidades e inhabilitarlos por distintos plazos para gestionar sociedades como el Betis.

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